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Este es un espacio
de expresión para todas aquellas personas inquietas por el tema de los
encerramientos residenciales urbanos, su relación con la ciudad y las formas de
convivencia vecinal en su interior. Se aceptan todo tipo de planteamientos sobre
el tema expuestos con el respeto y la honestidad que un canal de comunicación
como este lo requiere. Esperamos que la reflexión colectiva permita crear sinergias
para construir convivencia democrática al interior de los muros y las rejas de
los conjuntos residenciales, y una relación armónica con la ciudad y el medio
ambiente.
La administración
del blog recomienda abstenerse de: i) hacer acusaciones y denuncias sin
fundamento, ii) publicar nombres de unidades habitacionales y
personas naturales, ii) hacer publicidad comercial a través de este
medio.
Resulta difícil, sino imposible asegurar la efectividad de un verdadero proyecto de ciudad con valores unificados de respeto, apego a las normas y autorregulación, si al interior de estos numerosos “micro sistemas” que denominamos conjuntos o condominios que han venido incrementándose en las ciudades, se generan dinámicas de administración y convivencia enmarcadas en principios solapados de “República Independiente”, cuyos valores constituyen en ocasiones, la antítesis de los construidos por los ciudadanos de bien.
ResponderEliminarPor supuesto, lo anterior es reflejo de la ausencia de autoridad gubernamental para actuar preventivamente y defender el interés general de los copropietarios, pero sobre todo, defender los principios constitucionales vulnerados por individuos que llegan a vivir en las unidades residenciales y a imponer sus propias normas sin importar que tan contrarias sean a las legal y socialmente establecidas para la sana convivencia.
En este orden de ideas, valdría la pena exigir como ciudadanos, una revisión de la ley que regula el régimen de propiedad horizontal para incorporar mecanismos de vigilancia, control y sanción a los órganos administrativos y de control de los conjuntos, programas educativos de obligatoria ejecución para la convivencia y la exigencia a las copropiedades, bajo riesgo de sanción, del cumplimiento de indicadores de mejoramiento de la convivencia y la calidad de vida de sus moradores, contribuyendo todos de esta manera, a la reproducción de valores positivos de ciudad, a la disminución de conflictos y a la descongestión judicial y de otras dependencias gubernamentales y de Policía.